ESTADO, DERECHAS Y FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

Por José Alberto Bekinschtein

Lo que sigue pretende ser un repaso sucinto de ciertas decisiones con que gobiernos considerados con razón o no “de derechas”, contribuyeron a fortalecer el poder de decisión del Estado Nacional en áreas tan diversas como la educación, la ciencia o la planificación económica. Lejos de ambiciones académicas, la finalidad es rescatar ciertos “ladrillos” que en su momento y paradojalmente sólo si uno se guía por estereotipos, conformaron la construcción de un Estado más activo y eficaz, más “moderno”, menos ausente, más capaz de ejecutar llamadas “políticas activas”. A su vez, tal rescate pretende cuestionar una visión simple y maniquea de nuestra historia y de la política que se repite, fatídicamente y con serias consecuencias, hasta hoy. Por último, el repaso no pretende dejar en el olvido otras acciones, políticas e incluso el mismo origen de algunos de los gobiernos que se mencionan que representaron retrocesos en algunos casos trágicos, en términos de libertades individuales, equidad social y garantías constitucionales.

“La época de Rivadavia”

Empecemos por Rivadavia, cuyo estereotipo es el del “entreguista” del empréstito Baring, al servicio de las clases pudientes del Puerto.

Entre 1821 y 1827, fundó la Universidad de Buenos Aires y el Colegio de Ciencias Morales, antecesor del Colegio Nacional de Buenos Aires, con un sistema de becas para jóvenes de las provincias. Puso en marcha una reforma eclesiástica y militar La primera incluía la eliminación del fuero eclesiástico y otros privilegios de los clérigos, el cierre de la mayoría de los conventos y la supresión del diezmo.

Creó la Casa de la Moneda y quiso modificar el régimen de tenencia de la tierra -a través de la ley de enfiteusis- con la idea de crear una clase media de inmigrantes granjeros.

También se fundaron varias otras instituciones académicas y culturales, tales como la Sociedad Literaria, la Sociedad de Ciencias Físicas y Matemáticas, el Museo de Ciencias Naturales, el Archivo General, el Registro Oficial y el Departamento Topográfico y Estadístico.

Fueron contratados para esas instituciones investigadores extranjeros como el naturalista francés Aimé Bonpland, el físicos italiano Pedro Carta Molino, el ingeniero francés Carlos Enrique Pellegrini y el historiador italiano Pedro de Angelis. La mayoría de ellos se radicó definitivamente en el país.

Roca: el Estado, la educación, la Iglesia.

Seis décadas después bajo el gobierno del llamado “genocida” (avant la lettre) Roca, se produce la ocupación efectiva del territorio nacional, el arreglo de los principales conflictos de límites, la federalización de Buenos Aires, la configuración del Ejército argentino (incluyendo el servicio militar obligatorio y su carácter de única fuerza armada en el país), el establecimiento de la unidad monetaria, las medidas que dieron forma a una parcial separación entre Iglesia y Estado, entre otras la creación del Registro Civil y la regulación básica de la educación pública obligatoria, laica y gratuita. Se genera una maquinaria estatal consolidada, y al mismo tiempo se dedican esfuerzos y recursos materiales y simbólicos a generar una ciudadanía antes inexistente. Ciertamente con aciertos, pero también con crueldades e injusticias, se plantea un modelo de integración donde gauchos, indios e inmigrantes recientemente arribados, pasen a ser ‘argentinos' súbditos del estado nacional, impulsados por un 'patriotismo' que hasta ese momento no había tenido referencias firmes. Lo hace a través de la expansión de la educación pública, la implantación del servicio militar, la institucionalización del culto patriótico. Así para varios historiadores, 1880 puede ser considerado como fecha de origen del estado argentino con motivos al menos tan sólidos como 1816 (la declaración de independencia de España) o 1853 (la primera constitución nacional).

El Banco Central

La idea de un instituto oficial que tuviera el dominio del manejo de la moneda se plantea con fuerza algunos años después. Entre 1916 y 1919 aparecieron diversos proyectos de reforma monetaria y bancaria presentados por el Poder Ejecutivo y por algunos legisladores. El 26 de junio de 1917, el Presidente de la Nación Hipólito Yrigoyen envió al congreso el proyecto de creación del Banco de la República, cuya misión hubiera sido regular las emisiones monetarias, el crédito y las tasas de interés, fiscalizar los cambios internacionales y asegurar el clearing bancario. En minoría en la Cámara de Senadores el gobierno radical debió soportar el bloqueo de muchas de sus propuestas por parte de la oposición, entre ellas la del mencionado banco, por lo que el proyecto no prosperó.

Paradójicamente siendo Ministro de Hacienda en 1934 (plena “década infame”) Federico Pinedo encomienda a Raúl Prebisch la tarea de confeccionar un proyecto de Banco Central. Este proyecto se ajusta al de sir Otto Niemeyer, el experto británico que había realizado una propuesta de banco central sin participación estatal, “en su estructura y disposiciones técnicas” pero “hay sin embargo, diferencias fundamentales tanto en lo que concierne a la situación bancaria presente, como el desarrollo futuro de esa política” según explico el mismo Prebisch ya que “nuestra Ley de Banco Central ha hecho el esfuerzo de adaptar al medio argentino el proyecto de Niemeyer, modificándolo en tal forma que se ajuste al a la realidad de nuestro país. Esto mismo le lleva a dar mayor intervención al Estado”.

La nueva institución, bajo la inspiración de Prebisch, debía transformarse así en un instrumento que fuera lo suficientemente flexible como para aplicar políticas monetarias expansivas durante los momentos de depresión y contractivas durante los momentos de expansión, esto es, una política anticíclica que atemperara la amplitud de las fluctuaciones coyunturales. La propuesta de Niemeyer, en opinión de Prebisch era demasiado rígida y limitaba severamente la autoridad discrecional del banco al imponer un patrón oro modificado. A diferencia de aquella propuesta, la aprobada en definitiva, previó la inclusión de la inspección de bancos por parte del Banco Central para ejercer una función tutelar más amplia que el proyecto de Niemeyer. También se dotaba al Banco Central de instrumentos para llevar a cabo una efectiva política contracíclica, absorbiendo los excedentes en el mercado ante el incremento de efectivos del banco. Al revertirse el ciclo, el Banco los devolvería evitando así una contracción.

El Banco Central de la República Argentina comenzó a funcionar en junio de 1935.

Las Juntas de Granos y de Carnes

Por su parte, el propio Pinedo en 1933 lanzaba un plan de reformas audaces.

Para defender el precio de los productos agrícolas, especialmente el trigo, el maíz y lino, se creó la Junta Nacional de Granos y para buscar mercados y colocar los productos ganaderos se constituyó la Junta Nacional de Carnes Se atribuía este tipo de medidas a un “trust de cerebros” -así lo llamaban los diarios- que asesoraba a Federico Pinedo. Se trataba de un grupo de jóvenes representantes de una concepción menos ortodoxa para encarar las cuestiones económico-financieras, entre los que se encontraba Raúl Prebisch. Ese equipo en menos de dos meses mandó al Congreso seis proyectos: la ya mencionada creación del Banco Central, Ley de Bancos, Instituto Movilizador, Ley Orgánica del Banco Hipotecario, Ley Orgánica del Banco de la Nación y Ley de Organización de las instituciones mencionadas.

Una política industrial antes del peronismo

Cinco años después de la creación del Banco Central, nuevamente como Ministro de Hacienda, Pinedo propone un Plan de Reactivación Económica –que fue remitido por el Poder Ejecutivo el 14 de noviembre de 1940 a la Cámara de Senadores y que terminó llamándose Plan Pinedo, aunque en el hubieran colaborado también Raúl Prebisch, Ernesto Malaccorto y Guillermo Walter Klein (padre). Trataba de contrarrestar las consecuencias de la disminución del comercio exterior a través de incentivos a la actividad económica interna tanto de la industria manufacturera como de la construcción.

Para repartir las cargas proponía comprar los excedentes de las cosechas (lo que ya había sido ensayado por Hipólito Irigoyen en 1919), financiado estas compras con “los fondos sin empleo activo depositados en los bancos”. Se autorizaba al Banco Central a financiar proyectos industriales a quince años y planes de construcción de viviendas a treinta. Se acababa el papel rector del banco de bancos y, de hecho, se convertía en una banca de fomento, como sería más tarde el Banco Industrial. Por otra parte, y adelantándose cincuenta años a la creación del Mercosur, el Plan contempla la promoción del intercambio con los países vecinos, recomendando para ello un tratado comercial con Brasil que luego debía generalizarse, ampliando los mercados para la industria.

En sus propias palabras, Pinedo no cree "que vaya a restaurarse íntegramente el comercio exterior, piedra angular de la economía argentina" para luego reiterar: "La vida económica del país gira alrededor de una gran rueda maestra que es el comercio exportador. Nosotros no estamos en condiciones de reemplazar esa rueda maestra por otra, pero estamos en condiciones de crear al lado de ese mecanismo algunas ruedas menores que permitan cierta circulación de la riqueza (subrayado propio), cierta actividad económica, la suma de la cual mantenga el nivel de vida de este pueblo a cierta altura".

El principal instrumento de la estrategia exportadora fue la creación de la Corporación para el Promoción del Intercambio S.A. (CPI), que tendría el virtual monopolio de las operaciones de promoción del comercio exterior. El CPI vendería las divisas provenientes de las exportaciones no tradicionales, favorecidas con un tipo de cambio más alto, a quienes deseaban comprar bienes con importación restringida por la escasez de divisas. Se promovían las exportaciones de origen industrial y se facilitaba el incremento de las compras a los Estados Unidos. A ello se sumó la financiación de proyectos industriales a 15 años de plazo con financiamiento del Banco Central. La estrategia produjo resultados muy alentadores: en 1939 las exportaciones de productos manufacturados no tradicionales alcanzaban el 2,9% de las exportaciones totales. En 1943 habían trepado al 19,4%.

El Plan de 1940 contenía otras medidas destinadas a apuntalar la demanda interna para los productos tradicionales que ahora no se podían exportar, la financiación de construcción de viviendas por el BCRA a 30 años de plazo, revisar las tarifas aduaneras, promover la adquisición por parte del gobierno de los saldos exportables agrícolas no colocados, fomentar la unión aduanera con Brasil (adelantándose más de cuarenta años al Mercosur), obtener financiación de los Estados Unidos e incluso considerar la amortización de la deuda que mantenía Gran Bretaña con el país mediante la entrega en parte de pago de los ferrocarriles de propiedad de compañías de ese origen. Los

Derechos de exportación, mucho antes de la 125

Con la Constitución de 1853 se reservó a las provincias la facultad de recaudar impuestos directos e indirectos y al gobierno nacional se le reservaron los derechos aduaneros, impuestos de importación y exportación. En 1890 los gravámenes sobre las importaciones constituían el 65% del total de los ingresos fiscales. Los derechos sobre las exportaciones rigieron entre 1862 y 1888 (gobierno de Bartolomé Mitre); de 1890 a 1905 (gobierno de Julio A. Roca) y en el período 1918-1923 (gobierno de Hipólito Yrigoyen) a fines de 1955 y en el marco de una muy frágil coyuntura económica, el gobierno de la autodenominada «Revolución Libertadora» introdujo derechos de exportación en forma transitoria por hasta el 25%, incluyendo a las denominadas exportaciones tradicionales (cereales, carnes y otros productos del agro. Los impuestos a las exportaciones agropecuarias, denominados “retenciones” porque se deducen del precio internacional de los productos agrícolas, reaparecen con el gobierno de la denominada Revolución Libertadora en 1956, en que se llevó a cabo una devaluación y se implementaron retenciones móviles a las divisas provenientes de las exportaciones de hasta un 25%, en un contexto donde el tipo de cambio efectivo para los productores primarios se incrementó un 40% para la carne y más del 200% para los cereales.

Ya instalado el gobierno militar de Onganía, su ministro de Economía Adalbert Krieger Vasena, devaluó de la moneda en un 40%, pero al mismo tiempo aplicó similares porcentajes de retenciones a la exportaciones agropecuarias.

Para disminuir los costos y Vasena dispuso el congelamiento de salarios por 20 meses, se congelaron tarifas públicas y de combustibles y se estableció un acuerdo de precios con las empresas líderes, así como rebajas en aranceles de importación.

La llamada “Revolución Libertadora” y los Institutos de Tecnología e Investigación del Estado.

En diciembre de 1956, con la firma de Aramburu, Rojas, Mercier y Blanco se publica el decreto-ley Nº 21.680. Entre sus considerandos se enuncia
“Que la producción agropecuaria es básica para satisfacer las necesidades primarias de la población, constituyendo actualmente además la mayor fuente de recursos para la economía del país;….
Que le corresponde al Estado la responsabilidad de promover su desarrollo eficiente, velando al propio tiempo por la conservación de los recursos naturales, que constituyen su patrimonio fundamental; (subrayado propio)”…

Se crea así el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (I. N. T. A.) “para impulsar, vigorizar y coordinar el desarrollo de la investigación y extensión agropecuaria y acelerar con los beneficios de estas funciones fundamentales la tecnificación y el mejoramiento de la empresa agraria y de la vida rural. Será un órgano autárquico del Estado, que podrá desarrollar su acción en todo el territorio de la Nación, adecuando su funcionamiento a las directivas del Poder Ejecutivo Nacional en todo cuanto concierne a la tecnología agropecuaria”.

Un año después mediante el decreto-ley 17138/1957 se crea el Instituto Nacional de Tecnología Industrial, INTI en el marco de “una acción conjunta -oficial y privada- (que) permitirá intensificar la investigación industrial técnico científica y encauzar las actividades de ese Instituto dentro de una línea más acorde con las necesidades reales de nuestra industria y con las finalidades de su creación”

“El actual Instituto Tecnológico, integrante de la Dirección Nacional de la Industria, constituirá un organismo descentralizado que funcionará bajo la dependencia del Ministerio de Comercio e Industria con la denominación de Instituto Nacional de Tecnología Industrial”.

Firman el Decreto Aramburu, Isaac Rojas, Julio C. Cueto Rúa y Adalberto Krieger Vasena.

Pocos meses después en febrero de 1958, por Decreto ley 1291/1958 se crea el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Entre sus considerandos dice
Que resulta de primordial interés nacional coordinar y promover las investigaciones científicas en cuanto las mismas pueden contribuir al adelanto cultural de la Nación en sus más diversos aspectos; como asimismo a resolver problemas vinculados a la seguridad nacional y a la defensa del Estado;
Que es de vital interés el desarrollo de las investigaciones científicas en cuanto estas propenden al mejoramiento de la salud pública, a la más amplia y eficaz utilización de las riquezas naturales, al incremento de la productividad industrial y agrícola, y en general al bienestar colectivo;
Que conviene propender a la coordinación de la labor de los distintos centros e institutos de investigaciones, a fin de evitar en lo posible, toda nociva dispersión de medios y de esfuerzos, y también asegurar la colaboración metódica y permanente de los hombres de ciencia en la solución de múltiples problemas nacionales;
Que las funciones enunciadas no pueden cumplirlas íntegramente y por sí solas las universidades y demás instituciones oficiales y privadas que existen en la actualidad, dada la magnitud de los recursos que exigen los modernos métodos de la investigación científica y la complejidad de los problemas de su organización en el plano nacional;
Que resulta aconsejable instituir un organismo cuya misión específica consista en promover, coordinar y orientar las investigaciones que se realicen en el campo de la ciencia pura y aplicada;
Firman el decreto Aramburu, Isaac Rojas, Acdel E. Salas y Adalberto Krieger Vasena.

Breve conclusión

La idea de un Estado protagonista en la generación de ciencia y tecnología, responsable de la educación pública, bajo la orientación de planes económicos sustentables y no simplemente “listados de compras”, ha recorrido nuestra historia con gobiernos de distintos signos y orígenes. La experiencia reciente nos indica empero que cuanto más se habla de la importancia del papel del estado, menos se hace en términos de su fortalecimiento real. No se trata de apilar gente cuando se habla de un estado activo y de recortar a troche y moche cuando se habla de “modernizar”. Quienes pensamos en un Estado capaz de proveer productos de la ciencia y la tecnología para un modelo integrador del campo, la industria y los servicios, de proveer aquella equidad y sentido de pertenencia nacional que no están entre los productos que el “mercado” tiene interés en vender más allá del merchandising futbolístico, debemos obligarnos a proyectar un Estado exigido también por reglas de productividad, donde el mérito y la calificación permanente sean la regla. Ni gordo ni ausente, ni presa de corporaciones, un Estado protagónico en un proyecto de país.