DESARROLLO Y EQUIDAD O El DERRAME QUE TARDA

Por Alejandro Peyrou

Cuando el gobierno de Macri asumió el gobierno en el 2015 manifestó rápidamente su preocupación por el déficit fiscal. Era razonable: en los últimos años éste se había disparado. Sin embargo, casi tres años después el déficit es similar o un poco superior, si se consideran los necesarios pagos por el nivel de endeudamiento que ahora resulta ser cercano al 100% del PBI. El déficit tiene dos orígenes elementales: los ingresos y los gastos. Sin duda en los últimos años hubo recortes en los gastos, sobre todo pero no únicamente, en subsidios para pobres, electricidad, transporte, etc. junto a un cierto incremento en los fondos para el Ministerio de Desarrollo Social.

Pero al mismo tiempo, el sistema impositivo es incoherente y arbitrario y con seguridad requeriría una revolución estructural. Esta no ha ocurrido, ni con los K, ni ahora. La principal característica del sistema tributario son sus notables niveles de evasión y elusión. Se ha calculado que estos niveles están en el orden del 35/40%. También es llamativo que en medio de tanto discurso sobre el déficit no se haga hincapié en la gravedad de la evasión impositiva, porque ésta es el principal problema fiscal del país. Genera profundas injusticias. Se sabe que en algunas actividades y en algunos tamaños de empresas hay altos niveles de presión impositiva. También entre empleados en relación de dependencia. Naturalmente que los altos niveles de presión impositiva en algunos casos debieran generar escándalo ante la tolerancia en otros. Porque algunos pagan mucho y otros demasiado poco.

Para corregir estos temas, hay muchísima información disponible: luego del último blanqueo se manifestaron ingresos y niveles de evasión significativos. Algunos nombres y montos se conocieron en forma periodística mas tarde. Aunque la ley del blanqueo proteja a los evasores que se presentan, ello no impide identificar prácticas o metodologías. Además, unos años antes, en el 2001, en la Cámara de Diputados se constituyó una Comisión para investigar la Fuga de Divisas. Este autor trabajó para ella. En la HCD está disponible toda la información sobre la fuga correspondiente a ese año: nombres, montos, las fechas, los circuitos, etc. Por supuesto no era delito sacar el dinero del país. Sí podía serlo su origen y sería importante que se chequeara quienes, cómo y por qué. La forma y los niveles de recaudación impositiva como el tipo de gasto son un brazo central de la justicia social y también de la promoción del desarrollo. Corregir estas cosas no es imposible: el nivel de evasión del IVA en Uruguay se estima en un 10% y el nivel general en alrededor del 15%.

Este aspecto relacionado con la administración de la recaudación es el más importante pero también, mínimamente, hay que determinar un rol para el IVA, para que sea el gran blanqueador de la economía y no un promotor de la evasión gracias a la tasa vigente y –desde ya- el rol del impuesto a las ganancias y varios otros aspectos de similar jerarquía.
La educación pública puede tener un lugar más que importante en una política de equidad. Desde lo más elemental que es que los padres cuenten con una escuela abierta donde llevar a sus hijos, a que esa escuela pueda ofrecer niveles de calidad creciente de enseñanza. Hoy la educación pública en todos sus niveles tiene problemas significativos y su transformación es imprescindible. Si los alumnos terminan sabiendo lo que precisan saber, esto es un paso importante para posibilitar su desarrollo personal y el del país y si los padres pueden evitar el pago a instituciones privadas, se trataría también de una distribución del ingreso significativa.

La mejora de la calidad educativa tiene como contrapartida inevitable y obvia la recuperación del nivel de salarios docentes, la capacitación de los docentes y la posibilidad de su desarrollo personal. El problema es estratégico y suponemos que debería ser una tarea conjunta del gobierno y la oposición. Es casi imposible ejecutar una política correcta si solo es una política partidaria. Un buen ejemplo de lo que podría ser este país es que los nietos de la reina Margarita de Dinamarca van a escuelas públicas.

La política de defensa del consumidor o antimonopólica es un tema notablemente ausente en los últimos años. Si la mayoría de los sectores de la economía argentina son oligopolios (como ocurre), ello dará como consecuencia menores cantidades producidas y precios superiores para los consumidores. Los manuales sobre competencia imperfecta de cualquier curso elemental de economía, lo precisan.

Es cierto que hay veces que las regulaciones pueden ser peores que las situaciones previas, pero nadie propone políticas tontas. En muchísimos casos no hacer nada, como en nuestro país, es la peor opción. Analizar las subas de precios por sectores luego de las devaluaciones que llevaron el tipo de cambio de $16 por dólar a $40 en la actualidad es un indicador bastante preciso acerca de dónde –en que sectores- pueden precisarse acciones regulatorias por parte del estado. Porque incrementos exagerados de precios revelan capacidad de formarlos o sea niveles de monopolio.

No va a ser fácil que esto ocurra en los próximos meses: interrogado el Presidente en Vietnam sobre este particular por un periodista del diario La Nación, manifestó su desacuerdo en tomar medidas regulatorias. “Fracasaron en todo el mundo”, dijo. “Sirve tener un mercado competitivo de precios”. Como es obvio, hay un problema cuando ese mercado competitivo no existe o no se quiere o puede corregirlo. Cualquier empresario grande (como el Presidente) conoce estos temas, que no quiera afrontar el problema tendrá otros motivos. Esas regulaciones existen en USA y la UE. Y por supuesto funcionan razonablemente bien. En estos días, Europa acaba de ponerle una multa millonaria a Google por “abuso de posición dominante”.

En materia de desarrollo, hay muchas posibilidades de promoción sectores económicos con nichos potenciales de alta productividad, con generación de valor agregado y mercados externos. En el artículo “Tracción a sangre” de hace unos meses de esta misma publicación se desarrolla algo más el tema. Con niveles de productividad crecientes se puede generar Incrementos racionales y sustentables de salarios. El BID financió, no hace mucho, políticas similares para el sector agroindustrial del Interior y su evaluación posterior fue muy positiva. De vuelta, no hacer nada es la peor opción.

De hecho el actual gobierno está entregando cuantiosos subsidios a la producción de gas lo que indicaría que en algunos casos no tiene prejuicios ideológicos en hacerlo. Dar subsidios para incorporar valor agregado en muchas actividades seleccionadas que sean sustentables favorece la competencia, los saldos exportables y los salarios. Este debiera ser un componente importante y específico de una política de crecimiento

Por último, los problemas del medioambiente requieren mucha decisión política. Dejar esos problemas a que los arregle la oferta y la demanda de la economía es una garantía de empeoramiento de la situación. Por ejemplo, hace tiempo se sabe que los desmontes ayudan a generar inundaciones, porque los montes retienen bastante el agua de lluvia en tanto los cultivos anuales apenas lo hacen. Si esto significa que hay que limitar desmontes u obligar a plantar árboles eso puede afectar derechos de propiedad. Lo que en muchos casos es inevitable. Puede ser más fácil actuar cuando se articulan negociaciones con los propietarios. De hecho las inundaciones recurrentes de los últimos años (que tienen más razones que el desmonte, aunque este sea un factor importante) tienen, además, un costo social y productivo importante. En el pasado, cuando compañías mayoritariamente extranjeras decidieron obtener tanino y talar los quebrachales del norte de Santa Fe, Santiago del Estero y Chaco pensaban en su rentabilidad a corto y medio plazo. Al final quedaron talados los campos y los hacheros boyando. El futuro a largo plazo del recurso natural no fue un tema de interés para La Forestal. La lucidez a largo plazo tampoco fue un mérito de nuestros gobiernos. Este es solo un ejemplo. En rigor la visión cortoplacista común a muchas actividades económicas puede afectar seriamente el medio ambiente y el medio social.

¿Es imposible el desarrollo económico junto a la justicia social? ¿Hay que acumular en manos de algunos y luego esperar el derrame? ¿No se puede regular? En las líneas precedentes hay algunas ideas defendiendo dos valores que debieran compatibilizarse: la necesidad del desarrollo y la necesidad de la justicia social. Si no lo hacemos será difícil tener un país integrado.