¿Y AHORA QUÉ?

Por Alejandro Peyrou

Situación extraña la de Argentina. Ahora tenemos un acuerdo con el FMI que fija el marco del que el país no podrías salirse en los próximos 3 años. Los dos principales objetivos explícitos del acuerdo son la autonomía del BCRA y la reducción del déficit fiscal. Tiene interés recordar que apenas escrito el documento el gobierno decidió despedir a una parte importante de las autoridades del BCRA, entre ellos a su presidente y a su vicepresidente, lo que naturalmente no era lo acordado en términos de autonomía. Y más considerando que la nota al FMI lleva la firma de Dujovne y del reciente cesante. Ante el hecho el FMI no registró que hubiera inconsistencias, lo que indicaría la relativa importancia que tienen para el Fondo algunas de las partes del documento. El Fondo dice que el plan lo escribió enteramente el gobierno argentino y que es muy importante que tenga el suficiente apoyo parlamentario. Si así no fuera dejaría de enviar la parte de los 50 mil millones que no se haya desembolsado hasta ese momento. Durante la gestión del presente gobierno se desembolsarían 30.000 millones, quedando la diferencia para interesar al gobierno siguiente.
¿Por qué es extraño? El año 2019 es un año electoral y lo que resta del 2018 también lo es. En la oposición hay dirigentes que precisan tener una aceptablemente buena relación con el gobierno: gobernadores, intendentes de la PBA. ¿Hasta cuándo o cómo o cuanto querrán o podrán acordar? Porque parecería razonable pensar que cualquier acuerdo en un año electoral perjudicaría las chances del opositor que acuerde, dado el grado de deterioro de la imagen oficial. La parte K de la oposición puede no tener problemas de discurso, oponerse le resultaría consistente. Los problemas comienzan a aparecer (o ya aparecieron) a la oposición no K. Allí hay gobernadores, no sólo senadores y diputados.
El acuerdo sobre el ajuste, incluye quitas muy significativas de los aportes no automáticos a las provincias este año y el próximo del orden del 74% menos que el aporte actual. Son fondos para educación, salud, vivienda, etc. Las cifras acordadas son del 0,5 % del PBI. Es una cifra del orden de los 61.000 millones de pesos de junio pasado.
Todas estas decisiones deben tomarse en un contexto de caída de salarios reales e inflación. Los salarios del sector público han caído significativamente. El sector privado también ha tenido reducciones aunque algo menores. Por supuesto que la propaganda puede disimular algunas cosas en el contexto de las negociaciones, pero la magnitud de los cambios hará difícil los disimulos. A su vez, las expectativas de inflación son sumamente altas (más de 30% en el 2018), en una contexto de 12 millones de pobres y 3,4 millones de desocupados y subocupados. La oposición para firmarlo, precisaría que no se note mucho.

NO PARECE PROBABLE EL ACUERDO EN LA PRÁCTICA DE LA MAYORÍA DE LA OPOSICION CON LA POLITICA EXPRESADA EN ESE DOCUMENTO MAS ALLA DE IDAS Y VUELTAS Y LAS IMPRESCINDIBLES GAMBETAS. ENTONCES, ¿PARA QUE HACERLO?

¿Con que ánimo va el gobierno a la negociación? ¿Partiendo del supuesto que son la primera minoría? ¿Dando por supuesto que están para ejecutar sus convicciones? ¿Cómo un Pro racional o como un Pro fundamentalista?
Una ventaja para el gobierno es que en régimen constitucional argentino, las partidas que figuran en el presupuesto son solo una autorización de gasto. No una obligación de gastar. O sea que negociar que aparezcan partidas, no tiene demasiado efecto. O sea que el gobierno puede incorporar partidas sin consecuencias prácticas. Posiblemente esto obligue a una confrontación-negociación política permanente. Al mismo tiempo, el gobierno puede trabajar sin un nuevo presupuesto y utilizando el del 2018. O sea casi sin restricciones aunque hacerlo tenga un inevitable costo político.
La otra ventaja oficial es que no pareciera que la falta de leyes sobre la ya maltrecha autonomía del Central vaya a afectar el acuerdo.

Más contexto
Al día de hoy pareciera que el aporte financiero del FMI tendría la virtud de ayudar a tranquilizar las aguas del mercado financiero. Inimaginable (hoy) que 50 mil millones no garanticen eso. Pero, ¿no se mencionan los 30.000 millones anuales del déficit de balance de pagos, tan huérfano de medidas para atacarlo? ¿Y la prohibición explícita a poner restricciones a la salida de divisas, aún a las del turismo en el exterior? A su vez, la inexistencia o parsimonia a controlar el abuso de los oligopolios o la falta de mecanismos masivos de defensa de los consumidores facilitan e impulsan el traslado a precios de la devaluación y el deterioro de los ingresos populares. Los próximos meses serán testigos de pase a precios de la devaluación incluso en una proporción muy superior a la razonable. ¿Y el 30% de la población que vive en la pobreza? ¿Y la política de achicamiento de impuestos al sector empresario? ¿Y el 30/40 % de evasión-elusión en los impuestos nacionales? Curiosa la falta de mención de un tema de esta gravedad, en un contexto de dificultades fiscales.
Entre el tipo de cambio de $16 por dólar de mediados del 2017 al de $29/30 pesos por dólar a principios de julio media una devaluación del 87%. Un notable incremento de ingresos de los exportadores. Una retención reducida a estos sectores, posiblemente contribuiría a cerrar el déficit fiscal ahora, y sería más justo y tolerable que seguir contando con que la caída de los salarios reales y el empleo hagan la tarea. Las medidas de emergencia podrían durar mientras dura la emergencia. Algunas de las medidas de emergencia pueden no ser convenientes si se prolongan indefinidamente. Tanto como si no se aplican en los momentos indicados.

EN REALIDAD, EL CONCEPTO DE JUSTICIA COMPARTIDA ES UN REQUISITO BÁSICO PARA PODER ENCARAR MEDIDAS EFICIENTIZADORAS EN LA ADMINISTRACIÓN O MEDIDAS DOLOROSAS. NO ES EL MODELO DE LOS ÚLTIMOS TIEMPOS.

En resumen
- Cualquier plan económico precisa el apoyo político suficiente, si no lo tiene no es un plan de política económica.
- Es difícil que el acuerdo se cumpla.
- Es difícil que la oposición apoye.

¿Y AHORA QUÉ?

En última instancia, lo que la Argentina necesita es un gran programa para mejorar la productividad de empresas de todos los sectores para ser - en todo lo que se pueda -, competitivos a nivel internacional.